Media Sanción al Proyecto de Ley que rechaza el beneficio del 2x1 a delitos de lesa humanidad. 211 afirmativos y 1 negativo: Alfredo Olmedo del PRO

Política 09/05/2017 Por
Con la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el recinto, la Cámara de Diputados de la Nación trabaja en un proyecto que busca dar marcha atrás con el beneficio del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad.
2x1

En una reacción rápida frente al polémico fallo de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados aprobó anoche por 211 votos a favor contra uno en contra un proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad. De cara a una marcha que este miércoles se prevé multitudinaria a la Plaza de Mayo para repudiar el fallo, el Congreso se movió a la velocidad del rayo: el Senado fue convocado para mañana con el objetivo de convertir en ley el proyecto.

Con presencia de un grupo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en un palco, en Diputados cobró un clima especial la sesión que había sido originalmente citada para aprobar una serie de tratados internacionales, pero que derivó en la necesidad de dar una respuesta al fallo de la Corte desde la “interpretación” de la ley del 2 x 1.

Aunque hubo un repudio generalizado a un fallo leído como puerta abierta a la impunidad y el desenlace mostró un amplio acuerdo, fue una sesión caliente, con discursos encendidos y reedición del debate sobre los derechos humanos y la valoración del rol histórico que tuvo cada sector político respecto del terrorismo de Estado.

Elisa Carrió buscó salir al cruce del bloque FPV-PJ y la oposición que emparenta al Gobierno con el fallo de la Corte: culpó al kirchnerismo que, según ella, no lo legisló: “La ley viene a solucionar un error no de la Corte, sino de este Poder Legislativo”. Habló de los represores presos que tienen 90 años y pidió aplicar “el derecho humanitario, la Justicia no es venganza” por lo que fue reprobada rotundamente desde la bancada FPV-PJ y por Madres y Abuelas, entre las que estaba Estela de Carlotto.

“¿De qué venganza estamos hablando? Hace 40 años que estamos esperando justicia”, replicó Remo Carlotto, del Movimiento Evita. Y destacó que se buscaba una ley que tuviera “coherencia jurídica y contundencia política”. Hubo críticas directas a Mauricio Macri, en el recinto del salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista), quien reclamó que “no puede quedar en silencio”; en Pasos Perdidos, el líder renovador, Sergio Massa, sostuvo que “el silencio de Macri aturde”.

Ricardo Alfonsín habló de las "diferencias" en Cambiemos entre radicales y macristas. Dijo no creer en “interferencias” del Gobierno con la Corte para este fallo pero cuestionó un clima proclive con “cosas que no fueron adecuadas”, como haber permitido el desfile de carapintadas el último 9 de Julio.

La iniciativa de sólo cuatro artículos establece que el beneficio del 2 x 1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.

También que será aplicable solamente en los casos en que el condenado hubiere estado privado de libertad en forma preventiva durante el período que la ley estuvo en vigencia, es decir, entre 1994 y 2001 -en que fue derogada-. Los diputados señalaron que esta es la “interpretación auténtica” (de la ley del 2 x 1) y por tanto “será aplicable a las causas en trámite”.

La iniciativa fue consensuada entre oficialismo y oposición. El texto base fue el “borrador” del senador Federico Pinedo, elaborado junto al diputado macrista Pablo Tonelli, que ya había circulado previamente y cuya adopción facilita el trámite en la Cámara Alta. Pero había proyectos en el mismo sentido de Donda, Carlotto, Alicia Ciciliani (Partido Socialista), del jefe del bloque del FpV Héctor Recalde, del macrista Daniel Lipovetzky, y de Néstor Pitrola (FIT), quien pidió además el juicio político de los tres ministros de la Corte que firmaron el fallo de mayoría. El FPV-PJ logró incluir la referencia a que la iniciativa se hace “en conformidad con lo previsto en la ley 27.156”, es decir la “ley anti-indulto” del ex diputado (e hijo de desaparecidos) Horacio Pietragalla, sancionada en 2015, que estableció que los delitos de genocidio o lesa humanidad “no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.

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