El Gobierno sobre la quita de pensiones a discapacitados: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara"

Política 13/06/2017
El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad. El recorte se acentuó en los últimos tres meses. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. Hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

Criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:

- Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

Las ridículas justificaciones del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino:

“El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”.

Badino reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó. El funcionario admite que maneja más de un punto porcentual del producto bruto en presupuesto con todas las pensiones asistenciales. Dice el funcionario que este año entregó 34 mil pensiones nuevas, pero se niega a dar el número de las suspensiones, y destaca que en 2015 y 2016 también hubo bajas. También reconoce “que hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

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