«Gestapo» macrista: Investigan si los imputados por la mesa judicial usaban los teléfonos encriptados

La investigación que lleva adelante la justicia federal de La Plata sobre la mesa judicial bonaerense para perseguir dirigentes sindicales durante la gestión de María Eugenia Vidal, imputada ahora en la causa, se concentra también en la utilización de la telefonía encriptada o satelital para comunicarse entre los miembros de dicha mesa. En ese sentido, el juez Ernesto Kreplak le solicitó a la la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «informe –previo levantamiento de la clasificación de seguridad conforme título V de la ley 25.520– si de los registros de ese organismo obran constancias que den cuenta que se les haya asignado» ese tipo de teléfonos a los imputados.

La solicitud menciona específicamente a Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También requiere esa misma información sobre el resto de los imputados, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Incluye también a Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); a Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

El juez pretende saber si todos ellos contaban con «aparatos de telefonía encriptada o satelital» y, de ser así, pidió a la AFI que «indique los números de abonados de los mismos y si fueron devueltos» a esa agencia.

Los imputados son quienes participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Conte Grand fue citado para el martes próximo a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, donde el comisario Hernán Cassasa confirmó el jueves que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los que detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Días atrás la justicia ya había ordenado investigar las llamdas del teléfono de la exgobernadora Vidal para determinar si tuvo participación en el armado de la mesa judicial, pero aún no fue decidida una medida similar para el caso de Conte Grand.

Como contó Página/12, el juez Kreplak además de ordenar identificar números de teléfono de María Eugenia Vidal para poder analizar sus llamadas, le pidió al gobierno bonaerense que entregue la computadora que la actual diputada utilizó en sus tiempos al frente de la provincia de Buenos Aires. La investigación intenta establecer cuál fue su papel en la mesa judicial bonaerense y el armado de causas judiciales que es eje en el expediente, por ahora alrededor de las acusaciones contra el dirigente de la Uocra platense, Juan Pablo «Pata» Medina. 

El juez Kreplak cambió la carátula del expediente, amplió la lista de imputados y precisó algunos posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la ley de inteligencia. Como paso previo al entrecruzamiento de llamadas, pidió identificar los números de teléfono fijos y móviles utilizados por la propia Vidal y por los funcionarios reunidos en el Bapro, empezando por el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, que fue quien puso en palabras su deseo de tener una «Gestapo» propia para «terminar con los gremios». 

En paralelo, el martes próximo está previsto que los legisladores que integran esa subcomisión -los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Angel Bazze- realicen una inspección ocular en la sede del Banco Provincia para conocer cómo estaban dispuestas la cámaras que registraron la reunión en la que se habló de una «Gestapo» para perseguir sindicalistas.