Stornelli se ausentó otra vez ante la comisión del juicio político a la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el debate sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, en cuya audiencia había sido citado —por segunda vez— el fiscal Carlos Stornelli. A pesar de las advertencias, ya que su asistencia era obligatoria, el fiscal pegó el faltazo.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos) anunció que Stornelli «no ha comparecido» ante el cuerpo y reiteró que «si accedemos a enviarle las preguntas» como solicitó el fiscal «estaríamos violando el reglamento», al precisar que «solo está exceptuado a declarar por escrito el presidente, vicepresidente y los gobernadores».

Así dejó en claro Gaillard que no se haría lugar al pedido de Stornelli de declarar por escrito, al responderle a los legisladores de Juntos por el Cambio que insistieron con acceder:

«La finalidad de esta comisión es llevar adelante este proceso para esclarecer los hechos. No puedo apartarme del reglamento».

El diputado del PRO Pablo Tonelli intentó demoler su argumento: «El reglamento de la comisión no puede estar al mismo nivel de la ley». «Da la impresión de que el oficialismo no quiere las respuestas de Stornelli. Sino le mandarían las preguntas y ya tendrían las respuestas para evaluar. Quieren hacerlo comparecer para maltratarlo. Show. En vez de tanta denuncia e ida y vuelta, ¿por qué no le mandamos las preguntas y la próxima anunciamos las respuestas?», opinó. Sin embargo, no hubo retroceso: ya se había decidido no hacer lugar a la petición del fiscal por no corresponderle el derecho.

Además, la diputada del FdT anunció que la comisión «le va a comunicar al Procurador (Eduardo) Casal, la ausencia de Stornelli y se solicitará que disponga las acciones sancionatorias correspondientes» y anticipó: «Vamos a dejar todas las cuestiones que sean motivo de debate para el final», en referencia a la situación del fiscal.

Al final de la reunión, como anticipó Gaillard, se impulsaría entonces una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea traído por la fuerza pública.

Stornelli, requerido en calidad de testigo, envió en las últimas horas un oficio a la Procuración General de la Nación -interinamente a cargo de Eduardo Casal- en el que afirmó que se encuentra a la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y dijo que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día, según pudo reconstruir Télam.

Para sostener el nuevo faltazo, Stornelli se apoyó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal.

«Los fiscales podrán estar exceptuados de declarar en tribunales, no son tribunales», expresó la presidenta de la comisión para dar por zanjado el tema.

Sin la presencia del fiscal, la comisión continúa con los testimonios de los nuevos invitados a exponer ante la comisión de trabajo parlamentario, que abrió a fines de enero una investigación sobre el accionar de los magistrados de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).

Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.

Por la comisión ya pasó el juez Sebastián Ramos, quien archivó la denuncia tras el pedido de Stornelli. Mientras el magistrado daba testimonio se conocieron, por una nueva filtración, conversaciones suyas con D’Alessandro.

La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia «no es opcional».

En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal Penal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.

«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar», sostiene el reglamento que se citó para formular esta convocatoria.