Comunicado: La familia Maldonado salió a repudiar a las difamaciones realizadas por algunos medios de comunicación

Política 18 de abril de 2018 Por
Ayer, las editoriales de Infobae, La Nación y trolls salieron a difamar con saña a la familia Maldonado generando repudio por quienes entendemos la maniobra de los operadores del gobierno macrista y odio entre la opinión pública que sigue creyendo las mentiras de esos medios.
Plantilla DK Nueva (5)
Plantilla DK Nueva (5)

Inicio del comunicado de la familia Maldonado

Ante los nuevos ataques recibidos por nuestra familia en redes sociales y medios de comunicación, que no informan objetivamente tergiversándo los hechos, nos vemos forzados a reiterar que ante la desaparición forzada de Santiago que, el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llego: quienes son los responsable de la desaparición y muerte de Santiago.

El apoyo económico recibido, que se encuentra debidamente documentado y justificado ante el Ministerio de Justicia de la Nación, está a disposición de quien así lo requiera.
En particular, negamos que el Estado haya abonado los honorarios de la Dra. Verónica Heredia. Recordamos, además, que esta “ayuda” se trata, en realidad, del cumplimiento de una OBLIGACIÓN del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución.

Como hemos reiterado en varios comunicados, somos personas comunes y corrientes que debimos atravesar circunstancias extraordinarias (y fatales) que cambiaron nuestra vida para siempre.

No somos militantes partidarios, buscamos Verdad y Justicia para Santiago. Si eso nos transforma en blancos de personas despiadadas, les avisamos que los ataques no nos van a detener porque contamos con la fuerza de la enorme mayoría de las personas de paz que habitan nuestro país y el resto del mundo y nos abrazan con su solidaridad.

COMUNICADO COMPLETO

1. El 29 de agosto de 2017 se solicitó al Estado a través de la presentación al Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina:

1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago
Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia
del Chubut;

2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte.
8232/2017 “MALDONADO Santiago s/ Desaparición forzada de personas –art. 142 ter CP”
en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:
a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la
participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y
colaboradores que ellos convoquen;
b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean,
económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida
de Santiago;

3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la
búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la
investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las
diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la
Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos
independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.

2. En virtud de tales peticiones, se inició el Expediente IF-2017-18502439-APN-MJ
del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se resolvió:

1. A lo solicitado en el punto “1)” de la nota: Encontrándose una investigación en curso a cargo
del Poder Judicial de la Nación, no corresponde que este Ministerio emita la opinión requerida
ya que ello podría considerarse una indebida intromisión. No obstante lo cual, se ha dado
intervención a la Secretaría de Derechos Humanos a los efectos de que preste colaboración a la
querella de la familia.

2. A lo solicitado en el punto “2.a)” de la nota, relativo a la intervención de la Defensoría ante la
Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, corresponde señalar que serán el Juez y el
Fiscal a cargo de la investigación quienes deben decidir sobre ese extremo. Sin perjuicio de ello,
y con el ánimo de apoyar la labor de la querella, se deja constancia que este Ministerio no tiene
objeciones para formular sobre dicha intervención, la que deberá ser validada por la autoridad
correspondiente. En el caso que se materialice la intervención de la mentada Defensoría, este
Ministerio se pondrá a disposición para colaborar en lo que sea necesario.

3. A lo solicitado en el punto “2.b)” de la nota, este Ministerio manifiesta que brindará a la
querella de la familia el apoyo que le sea requerido. 4. Finalmente, a lo solicitado en el punto
“3)” de la nota, este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presta conformidad e instruye
al Sr. Secretario de Derechos Humanos para que procure la colaboración de la Oficina Regional
para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

4. Finalmente, a lo solicitado en el punto “3)” de la nota, este Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos presta conformidad e instruye al Sr. Secretario de Derechos Humanos para que
procure la colaboración de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos.

3. El derecho a la tutela judicial efectiva, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del
Sistema Interamericana de Derechos Humanos, es una norma del ius cogens que
genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacerla
efectiva. Nuestra Constitución Nacional recepta este derecho humano en su
Preámbulo y en los artículos 14, 18, 75.22 de la Constitución Nacional; artículo 18 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 8.1, 25 en relación a los
artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.1
en relación al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Como todo derecho humano, corresponde a su reconocimiento, en los planos
tanto nacional como internacional, la capacidad de vindicarlos o ejercerlos. 1 Uno de
los obstáculos para ejercer el derecho humano a la tutela judicial efectiva es el factor
económico. En términos capitalistas podríamos hablar de pobreza organizativa, esto es
que “… aunque no seamos pobres –en el sentido riguroso de la palabra-, como
consumidores de bienes producidos por los enormes productores que caracterizan
nuestra época, sí somos pobres. ¿Por qué somos pobres? Somos pobres porque el
consumidor aislado no puede enfrentar al gran productor”. 2
En este caso “el gran
productor” es el mismo Gobierno Federal.

4. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha en relación a la tutela judicial
efectiva3:
1 Conf. Cançado Trindade, Antônio : "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos
(1948 / 1995): evolución, estado actual y perspectivas" en: "Derecho Internacional y Derechos
Humanos", (pág. 83); libro conmemorativo de la XXIV Sesión Exterior de la Academia de Derecho
Internacional de La Haya; Ed. IIDH; San José de Costa Rica, 1996.

2 Conf. Mauro Cappelletti, conferencia “La Fenomenología del Servicio de Justicia en los fines de este
siglo”, citada en “La nueva Constitución de la Provincia del Chubut” HEREDIA, 1995.

3 Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos “EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO
GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ESTUDIO DE
LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS”
1. El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el
derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para
reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los
Estados no es sólo negativa --de no impedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente
positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder
a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o
económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.
(…)
6. Al respecto, el SIDH ha establecido la obligación de remover aquellos obstáculos en el acceso
a la justicia que tengan origen en la posición económica de las personas. Tanto la Corte
Interamericana como la CIDH han fijado la obligación de proveer en ciertas circunstancias
servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin de evitar la vulneración de su
derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. Con esto en miras, la
Comisión Interamericana ha identificado algunos criterios para la determinación de la
procedencia de la asistencia legal gratuita en los casos concretos. Estos son: a) la disponibilidad
de recursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas
en el caso y c) la importancia de los derechos afectados.
(…)
8. Del mismo modo, el SIDH ha establecido que los costos del proceso, sea éste judicial o
administrativo, y la localización de los tribunales, son factores que también pueden redundar
en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuente violación del derecho a las
garantías judiciales. Los órganos del SIDH han determinado que un proceso que demande
excesivos costos para su desarrollo, vulnera el artículo 8 de la Convención Americana. La
Comisión ha expresado sobre el particular que el recurso judicial que se establezca para revisar
el actuar de la administración, no sólo debe ser rápido y efectivo, sino también "económico" o
asequible.

5. Santiago desapareció el 1 de agosto en el Pu Lof de Resistencia Cushamen, a la
altura 1848 de la ruta nacional 40, Provincia del Chubut, a 200 km y más de 2000 km
del lugar donde residimos sus familiares. No teníamos ningún conocimiento ni práctica
en procesos administrativos, judiciales ni políticos. No pertenecemos a ninguna
organización social ni partidaria. Los tribunales judiciales a donde debimos recurrir a
fin de conocer las investigaciones, intentar hablar con el juez y la fiscal a cargo, hacer
las presentaciones, concurrir a audiencias, realizar nuestras investigaciones, queda a
90 km del lugar donde desapareció Santiago, alejándose aún mas de nuestros hogares
y de nuestro lugar de trabajo.

6. A partir del 2 de agosto de 2017 nuestras vidas cambiaron abruptamente,
debimos dejar nuestra casa y nuestro trabajo. Es lo que debíamos hacer y así lo
hicimos. A todos los obstáculos a los que debimos enfrentarnos para saber dónde
estaba Santiago, qué le había sucedido -persecuciones, seguimientos, espionajes,
hostigamientos, humillaciones, malos tratos, mentiras, especulaciones- nos
enfrentamos con los económicos. Por sugerencia de nuestra abogada Verónica
Heredia, realizamos la petición el 29 de agosto a fin que el Estado removiera los
obstáculos económicos que garantizara nuestro acceso a la justicia.

7. De tal forma, solicitamos se garantizara el alojamiento, pasajes y viáticos en los
lugares y por los días donde se encontraban los tribunales y donde mantuvimos las
reuniones con las autoridades–punto 2.b)- y para garantizar las investigaciones –punto
2.a)-.
8. A fin de hacer frente al costo económico del proceso, hemos contado con la
solidaridad de infinidad de personas, las que también nos acompañan todos días con
sus palabras de afecto y estímulos.

9. Cabe aclarar que la asistencia económica del Estado a las víctimas y los familiares de
las víctimas es una OBLIGACIÓN del Estado asumida en tratados internacionales
incorporados a nuestra Constitución.

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