¿Vía libre para matar?: Bullrich autoriza a las fuerzas de seguridad disparar a personas en situación de fuga

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó una resolución que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de «fuga». Además, la medida que se publicó hoy en el Boletín Oficial, les permite usar armas de fuego cuando los efectivos se vean superados en número.

En sólo tres páginas, Bullrich dio luz verde a los policías a que apliquen la «Doctrina Chocobar», es decir que de acuerdo al «Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», podrán disparar por la espalda a las personas en situación de fuga.

A través de cinco artículos, el Gobierno Nacional modificó el criterio al que debían atenerse las fuerzas de seguridad antes de disparar armas de fuego. Con la nueva medida, se amplía la misma y se agregan «razones» que los habilitan: el tirador podrá hacer «uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos» para proceder «a la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad».

En el artículo 5, Bullrich detalla que «representa un peligro inminente», un «presunto delincuente» y que en ese caso, es pasible de ser baleado cuando «posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal». Como ha ocurrido en algunas circunstancias, la resolución justifica a un policía que activa su arma contra un asaltante mundo de una pistola de juguete.

A su vez, habilita para disparar «cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal», sin esperar que haya constatación o enfrentamiento, ya que de acuerdo a lo que indica el inciso C3, es suficiente con que el sospechoso «efectúe movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma».

El último articulo sostiene que la policía podrá disparar «cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaran, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas».

La medida la firmó la ministra dos días antes de la celebración del G20 y entró en vigencia, según el propio texto, «al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial», una excusa para imponer criterios de «mano dura». En ese marco, el viernes pasado señaló que se trata de «un protocolo para casos de peligro inminente para el presidente argentino o alguna de las autoridades presentes en la Argentina».

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Fuente: Diagonales.com