Macri gastó más de $200.000.000 en la campaña electoral y como encargadas de cuenta figuran 2 jubiladas que no saben nada del tema

Fuente: Nuestras Voces

Con la investigación de Nuestras Voces aparecieron nuevas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri, y viejas denuncias sobre empresas contratistas que fueron aportantes, donantes fantasmas o sin capacidad económica cobran un nuevo significado.

La #CenaPRO para recaudar fondos para la campaña presidencial en marzo del año pasado no parece haber alcanzado. Y eso que reunió a más de 2 mil empresarios que pagaron, cada uno, 50 mil pesos el cubierto. En la propia puerta de La Rural, Michetti y Frigerio confirmaron que los cerca de 130.000.000 pesos recaudados irían a financiar la campaña, como “un modo de blanquearla”.

Primero aparecieron los aportantes fantasmas y los donantes sin capacidad económica. Pareció un dato de color que la máxima responsable de las cuentas de Cambiemos durante las PASO fuera una jubilada matancera de 68 años que, al ser consultada sobre su rol en la campaña, dijo no saber nada.

Stella Maris Sandoval, así se llamaba, figuraba como la encargada legal de manejar 36 millones de pesos para los precandidatos presidenciales de Cambiemos – Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz-, pero desde su casa de Villa Celina aseguró a La Nación nunca haber siquiera firmado un papel que acreditara su participación con dicha alianza.

Pudo haber sido un grosero error si no fuera porque otra “excepción” confirmó la regla: debajo de Stella Maris aparecía María Armanda Inza, de 82 años, quien también respondió que no estaba enterada de su rol partidario.

En las elecciones encabezadas por las jubiladas olvidadizas Macri reportó gastos de campaña por 27$ millones y aportes privados por $22 millones. Según los informes presentados ante la Justicia, su lista tuvo casi la mitad de donantes de los que presentó Scioli (849 versus 1.616), y entre sus principales aportantes aparecieron nombres con cifras récord: tres funcionarios del gobierno de la Ciudad pusieron $95 mil cada uno. Esos aportes sólo fueron igualados por cuatro empresarios mendocinos, dos jóvenes de entre 26 y 29 años y un monotributista categoría G que, según el esquema tributario entonces vigente, reportan ingresos anuales menores a 240 mil pesos. Es decir que habría donado casi 5 de sus sueldos netos.

Donantes sin capacidad económica, aportantes fantasmas: lo que siguieron fueron sospechas de que al menos que 19 personas realizaron aportes indirectos de sus empresas por casi $ 1 millón, lo cual está prohibido. Según la reforma de 2009 de la Ley Electoral, las compañías no pueden figurar directamente como aportantes. Por eso, muchas de las empresas lo hacen a través de sus empleados, lo cual fue advertido en 2014 por un fallo que catalogó la maniobra como un “aporte empresarial encubierto”.

De esta manera, el sitio Chequeado llegó a conectar a 33 integrantes de agencias de publicidad, 20 miembros de empresas de seguridad privada, 7 empleados ligados con una constructora y 4 gerentes de una empresa de higiene urbana a firmas con vínculos con la gestión porteña o contratos con provincias, como la de Córdoba. Según la cuenta total, estas empresas contratistas aportaron de manera $ 2,7 millones para que Macri llegara a la Casa Rosada.

Ahora, la investigación de Nuestras Voces detectó al menos ocho nuevos empresarios de distintos rubros con licitaciones o contratos en ministerios porteños que durante 2015 aportaron al Pro 4 millones de pesos.

Los datos revelados por Chequeado revelan la bicicleta económica entre el gobierno y las empresas Briefing Security-Impes UTE, Murata SA, Verini Security SA y Yusion SRL, que se reparten desde 2011 el negocio de la custodia de los edificios públicos porteños; siete representantes de la empresa Murata, también contratista en seguridad, pusieron $295.000; la marca Reale-Dalla Torre Consultores, que creó, según su sitio web, “la imagen y la marca de la Policía Metropolitana” aportó a través de sus socios 285.000 pesos; varios gerentes de la empresa Publicidad Sarmiento, ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño, que aportaron 50 mil cada uno; cuatro empleados de la firma cordobesa Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL pusieron $180.000; y al menos $505.000 de siete integrantes de EVA SA, una empresa constructora que en noviembre de 2015 ganó una licitación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Distintos de los aportantes consultados por Chequeado negaron, como las jubiladas, haber puesto plata para la campaña. “Yo no aporté nada”, dijo Raúl Menéndez, jefe de locaciones de Publicidad Sarmiento. “Ellos (por la empresa) me han puesto a mí, no por mí sino porque soy apoderado de Publicidad Sarmiento”.

Además de los contratistas, si se incluyen las donaciones de personas con altos cargos directivos vinculados con empresas, aparecen la portuaria Marítima Heinlein SA, o la petrolera china Sinopec Inc., con sumas cercanas a los 5 millones de pesos.

Otra buena parte del listado lo conforman funcionarios de numerosas dependencias del Gobierno porteño, donde se destacan ministros y, en mayor medida, decenas de empleados de rangos menores. El artículo 15 de la ley de financiamiento prohíbe “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos”, aunque es algo difícil de comprobar.

La investigación de Nuestras Voces revela la existencia de otros 8 contratistas-aportantes que se despacharon cada uno con la misma llamativa cifra, medio millón de pesos, sumando un total de 4 millones de pesos prohibidos por la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y la propia jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral.

Fondos irregulares en la campaña PRO
Por Alejandro Giuffrida

La campaña de Mauricio Macri se financió con dinero de contratistas del Estado porteño. A contramano de la ley nacional que regula los aportes que puede recibir un partido político. Durante 2015 el PRO recibió por lo menos 4 millones de pesos vinculados a empresas que el Estado porteño contrata habitualmente. Salvo un caso, las donaciones no se hicieron de manera directa, sino que el dinero lo aportaron los propietarios o altos ejecutivos de las firmas, para evadir las regulaciones.

Llamativamente todos los contratistas pusieron la misma cifra: medio millón de pesos. Esta investigación de Nuestras Voces detectó al menos ocho empresariosde distintos rubros con licitaciones o contratos en distintos ministerios porteños que aportaron exactamente el mismo monto. La coincidencia en la cifra da lugar a sospechar un esquema de retornos o compromisos al momento del otorgamientos de los contratos y evidencia falta de “espontaneidad” en los aportes individuales.

El inciso C del artículo 15 de la “ley de financiamiento de los partidos políticos” prohíbe explícitamente que los partidos acepten “contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires”.

En esta investigación de Nuestras Voces revelamos cómo se esquivo esta regulación a partir del análisis de los Estados Contables del PRO que publicó recientemente el Poder Judicial de la Nación.

Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Físicas por 500 mil pesos:

–Gustavo Quiroga, propietario de la firma “Quiroga Agencia de Medios”, que tiene entre sus clientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Ciudad.

–Gerardo Bonetto, integrante de la cúpula de LX Argentina, empresa de servicios de limpieza que tiene múltiples negocios con la Ciudad, como por ejemplo el mantenimiento de todos los edificios de la Policía Metropolitana.

–Antonio Gómez, empresario de la construcción titular de la empresa Maquivial, con numerosos contratos con el Estado porteño en asfaltado y bacheo (en los noventa su empresa tuvo un efímera fama por la polémica construcción de una pista de aterrizaje en Anillaco, en La Rioja, donde el ex presidente Carlos Menem tenía una casa).

–Pablo Elías, presidente de la empresa Desobstructora Argentina SA, ganadora delicitaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público Porteño.

–Teresa Zampino, esposa de Nicolás Maccarone, de Coinsa Construcciones, también adjudicataria de licitaciones millonarias del Ministerio de Ambiente

–Mario Ángel Raspagliesi, presidente de la constructora Bricons, que tuvo a su cargo la construcción de parte del Metrobus, del MAMBA, del Parque Ciudad Universitaria y de varias comisarias de la Metropolitana y escuelas porteñas.

–Hector Pilla, presidente de Serbeco SA, empresa que tiene a su cargo el millonario negocio “del mantenimiento de higiene urbana” en villas de la Ciudad.

-Un caso distinto es el de Eduardo Elsztain, mega desarrollador inmobilario, dueño los principales shoppings de la ciudad, que aportó directamente desde su empresa IRSA – Inversiones y Representaciones SA. Justamente IRSA arrienda el predio del BA Design al gobierno porteño por una suma irrisoria. Nuestras Voces además demostró su vinculación con la adquisición de terrenos por parte del actual presidente, Mauricio Macri, en Salta y Pilar.

Nota relacionada: Macri, un “evasor fraudulento”

Para el caso de los ejecutivos que aportaron a instancias de los dueños de las empresas también se aplica el inciso g) del mismo artículo 15 de la ley de financiamiento, que prohíbe “contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”. Claro que es algo difícil de demostrar, además de que todos ellos se vieron beneficiados con poder descargar la donación del pago de impuesto a las ganancias. Sin embargo un cruce de llamados telefónicos con los recaudadores del PRO y un análisis de sus declaraciones impositivas podrían darle a la Justicia elementos probatorios.

Aportar a ganador

Además de los contratistas porteños, la lista de grandes aportantes se completa con agropecuarias, bancos privados, mineras y hasta un canal de TV.

El extenso listado al que accedió Nuestras Voces incluye tanto donantes particulares con montos menores, hasta grandes aportantes que llegaron a desembolsar un máximo de 1,5 millones para apoyar la fórmula de centroderecha que alcanzó el triunfo definitivo en el balotaje del 22 de noviembre.

Aparece allí “América TV”, del Grupo Vila-Manzano en copropiedad con Francisco De Narváez, donando 500 mil pesos. El listado incluye además a la cúpula empresarial local: Jorge Brito, José Luis Pardo, Eduardo Eurnekián, Federico Zorraquin y Guillermo Stanley. En algunos casos, el dinero lo desembolsaron a título personal y en otros a través de sus empresas. Todos aportaron un piso de medio millón de pesos.

Hay además una coincidencia entre los primeros sectores beneficiados con las políticas de Cambiemos y los aportantes. En el rubro agropecuario, que recibió la primera buena noticia (incluso antes de asumir) de que se quitarían velozmente todas las retenciones, figuran las empresas Campagro, Nidera, Cargill entre muchas otras. Sólo Nidera, líder en venta de semillas (principalmente de soja), donó al partido de Macri un millón de pesos. La Bolsa de Cereales aportó otros $500 mil al igual que Molinos Río de la Plata,

El sector financiero, otro beneficiado con las nuevas políticas, también aportó fuerte. Entre otros, Jorge Brito, dueño del Banco Macro; el Banco Mariva; el Nuevo Banco de Santa Fe; y Guillermo Stanley, el ex ejecutivo del Citibak, pusieron casi dos millones de pesos. Stanley es, además, el padre de Carolina Stanley, la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

A ellos se suman la firma Swiss Medical, que sobresale con $1,5 millones. Garbarino(100 mil), La Caja Aseguradora -de la familia Werthein- (500 mil), Federico Zorraquin, dueño de Rheem Argentina (500 mil). INC SA, la firma que administra Carrefour Argentina (250 mil), Tam Lineas Aéreas (500 mil) y Servicios Aéreos Sudamericanos de Eduardo Eurnekián (500 mil).

En total entraron $ 124.275.670 a las arcas del PRO durante 2015. Los fondos se completaron con cenas de recaudación y aportes de cientos de particulares que quisieron apoyar a Cambiemos democráticamente y ahora ven su apoyo manchado por los negocios del PRO. Y también porque uno de los aportantes particulares, como reveló Nuestras Voces, fue Alejandro Fabián Sidero ($50), el francotirador que atacó a balazos la inauguración de un local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo, hiriendo a dos personas. Hoy está acusado de tentativa de homicidio y prófugo.