Marcelo Sain: “Patricia Bullrich da más para gerenta del Cirque du Soleil que para ministra de Seguridad”

Experto en políticas de seguridad, Sain analiza cambios y continuidades entre kirchnerismo y macrismo. Advierte que se gestiona la seguridad “a ciegas”, que la Bonaerense es peor que la Maldita Policía, que la Federal se va a “comer” a la Metropolitana y que el servicio estatal de inteligencia en Argentina sólo hace “espionaje político, manipulación judicial”.

A fines de los ochenta, cuando el proceso de consolidación democrática era el eje del escenario político argentino, se dedicó a estudiar la relación entre civiles y militares. A fines de los noventa, convocado para el equipo que diseñó la reforma de la Policía Bonaerense que llevó adelante León Arslanián, se especializó en materia de seguridad y en el vínculo de los gobiernos con las policías. El año pasado fue designado como director de la Escuela Nacional de Inteligencia y este año publicó La Casa que no cesa, sobre el intento de reforma (trunco, define) del servicio de inteligencia por parte de la ex presidenta. Por estos días trabaja en otro, sobre el “doble pacto” de las policías: con la política por un lado y con el mundo criminal por el otro. Con sus producciones bibliográficas y académicas siempre ligadas a los escenarios políticos más urgentes, Marcelo Sain es especialista y voz de consulta obligada sobre políticas de seguridad. Muy crítico de la gestión kirchnerista en esa materia, el ex diputado provincial de Nuevo Encuentro analiza los primeros meses de la gestión de Cambiemos en relación a las fuerzas armadas y de seguridad, la justicia y los servicios de inteligencia. Lapidario con la ministra Patricia Bullrich, sostiene además que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “es inconvertible, lo mejor es cerrarla, porque lo único que van a hacer es un daño” y advierte sobre los efectos del macrismo en el proceso de juzgamiento a los represores: “La Justicia Federal es una justicia gubernamental, y hoy hay una clara, manifiesta, abierta intención del gobierno de impedir que avancen los juicios. Con lo cual es muy probable que empiecen a tomarse resoluciones judiciales a tono con este deseo gubernamental”.

¿Cómo evalúa la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad? Todo lo que hace esa mujer es poco serio, en primer lugar. Podés decir: ‘Estoy de acuerdo o en desacuerdo con tal política por su composición ideológica, por su objetivo, por su impacto’. Pero con Bullrich no caben esos parámetros. Porque una cosa es una política de derecha o de izquierda. Y otra cosa es una política berreta o seria. Bullrich es berreta. Todo lo que hace es berreta. Va a negociar una declaración con un narcotraficante acusado de haber matado gente y cuando llega acá no le cumplen con lo que habían dicho. Mientras tanto ella boqueó que el kirchnerismo o algunos miembros debían estar preocupados por la declaración del reo. Da una conferencia de prensa cuando se acaba de entregar un prófugo voluntariamente: es payasesco. Como la conferencia que dio en la puerta de Prefectura a las once de la noche cuando se entregó (Marcelo) Mallo, que estaba inculpado de estar implicado por un revólver de su propiedad en la matanza de dos narcotraficantes y al final no era así. Patricia Bullrich da más para gerenta del Cirque du Soleil que para ministra de Seguridad.

¿Cómo está hoy el vínculo gobierno-policías?
Igual que siempre. No veo mucha diferencia. Creo que hay toda una matriz de gestión de la seguridad pública en la Argentina que supone estilos, formas y prácticas institucionales que vienen desde hace un par de décadas. Desde que las cuestiones de la seguridad pública se convirtieron en un problema político. U obligaron a los poderes públicos a tomar decisiones al respecto, más allá del propio sistema penal. Eso fue en los noventa en términos generales. Estamos hablando de unos 25 años a esta parte. Esa modalidad para mí parte de un supuesto básico subyacente que es un supuesto que se fue construyendo con el tiempo, no manifiesto. Y hoy tiene un apotegma básico que podríamos sintetizar en ‘la seguridad no da votos, sólo da problemas’. Entonces, gestionar lo que no me da votos o no me da réditos políticos y sólo da problemas es una gestión de riesgo.

¿Qué características tuvo y tiene esa gestión?
En general la política argentina tuvo una mirada muy coyunturalista de los asuntos de seguridad pública. La gestión de la seguridad pública es tratar de interpretar y de alguna manera administrar conflictos: delitos, violencias. Lo que ha hecho la clase política argentina es otra cosa: gestionar riesgos políticos. Abordar las problemáticas criminales y de la violencia para que no generen situaciones de inestabilidad política o crisis que den lugar a desestabilizaciones políticas. Lo que ha hecho la política argentina es pactar con la burocracia del sector, con la policía. Yo no necesito formar estructuras gubernamentales adecuadas para medir el delito. Es más, si mido el delito y le doy visibilidad, lo estoy legitimando y me estoy obligando a hacer algo al respecto. Con lo cual lo que se ha impuesto en esta lógica política es el ocultamiento del delito y la violencia.

¿No hay índices confiables?
No hay ningún tipo de dispositivo estatal, ni federal, ni provinciales, serios, que miren y analicen la problemática criminal en nuestro país. Se gestiona la seguridad a ciegas. Porque si la seguridad pública es gestión de riesgo, no hace falta observatorio de violencia y delito. Lo otro es el pacto con la burocracia del sector, que son las policías. Sin reformarlas. Son policías decimonónicas, anacrónicas doctrinalmente, absolutamente desactualizadas desde el punto de vista operacional, tecnológico y en materia de recursos humanos, con deformaciones institucionales graves y severas. La transformación del fenómeno criminal y el anacronismo de estas policías han hecho que haya crisis todo el tiempo, en esta suerte de delegación de gestión política en las policías. Un pacto de reciprocidad donde las policías se comprometen a una gestión tranquila, la política a la no injerencia sobre las policías y al consentimiento inclusive de que gestionen la seguridad pública de manera ilegal, porque hoy se sabe en todos lados que las policías gestionan mercados ilegales, problemáticas criminales, asociándose con el crimen o pactando con sectores criminales, con lo cual hay un consentimiento político al respecto. Esto que yo llamo en algún trabajo doble pacto: pacto político-policial por un lado y policial-criminal por el otro, ha sido la modalidad que se ha impuesto en materia de gestión de la seguridad pública.

¿Este doble pacto existió y se mantuvo también durante el kirchnerismo?
Creo que esto se mantiene incólume. No han marcado una diferencia durante el kirchnerismo. Era el sector político que desarrolló una estrategia de inclusión social, de desarrollo económico, de reducción de pobreza e indigencia, de inserción activa regional, era entonces el contexto político donde las políticas de seguridad tendrían que haber sido una pieza o una dimensión fundamental de las políticas de inclusión social. Al contrario, las políticas de seguridad fueron divorciadas de las estrategias de inclusión social. Al mismo tiempo que barrios populares enteros los urbanizamos, les pusimos colegios, les pusimos sistemas de salud, le dimos conectividad, estrategias ciertas de inclusión social, los rodeamos con gendarmería porque ahí estaban supuestamente las clases peligrosas que originaban los delitos frente a la sociedad de la clase media y clase alta.

«Hay un pacto de reciprocidad: las policías se comprometen a una gestión tranquila y la política a la no injerencia y al consentimiento inclusive de que gestionen la seguridad pública de manera ilegal».

 

Recientemente definió a la Maldita Policía como más “eficiente” que la Policía Bonaerense actual, ¿por qué?
Era muchísimo mejor que la actual. Era una policía que tenía dos rasgos que no tiene hoy la Bonaerense. Uno es una cúpula con un manejo integral de toda la organización policial, de la cabeza hasta el último eslabón. Y en segundo lugar una policía que prestaba servicios de seguridad con ciertas competencias. Vale decir: tenía núcleos investigativos que iban sobre grandes organizaciones criminales. La desarticulación de las grandes superbandas criminales de los noventa la hizo la Bonaerense. ¿Quién desarticuló la banda del Gordo Valor, las grandes organizaciones de robo de vehículos y narcotraficantes en aquel entonces? La Policía Bonaerense. Además había una preocupación dentro de la Policía porque no hubiera un descontrol en el manejo del crimen común en la calle. Hoy es un desmadre total, donde lo único que cuenta y estructura lo que es la institución es la recaudación ilegal de fondos. Suena que reivindico la Maldita Policía, pero no.

¿Cuáles son las fuentes principales de esa recaudación ilegal de fondos?
Primero, malversación de fondos y todo tipo de corrupción en la propia ejecución presupuestaria. Después lo que llamo la regulación del crimen: el narcotráfico es la gran fuente. La trata de personas para explotación sexual y laboral es una de las fuentes de recaudación más importantes. Y volvió a ser una fuente importante para el interior de la provincia la recaudación ilegal del juego clandestino.

¿Se había cortado?
Cuando el juego era paño verde y caballos la cosa se redujo, pero ahora volvió a reactivarse fuertemente a partir del juego electrónico. Con lo cual tenés toda una gama de cosas que hacen que la estructura de la Policía Bonaerense sea una estructura dual. Una cúpula de comisariatos que se apropian de esa rentabilidad y el resto de la Policía como policía pobre. Los policías bonaerenses son policías pobres. Tienen que trabajar 60 horas semanales para poder tener un sueldo que le permita vivir mínimamente. No tienen ningún mecanismo de protección en sus trabajos, no están preparados y capacitados para afrontar los temas que tienen que afrontar diariamente. No cuentan con ningún tipo de atisbos de asociación que les permita colocar sus problemas en una mesa de negociación. Al mismo tiempo que tenés un comisariato millonario.

¿Cómo está hoy el vínculo entre la Bonaerense y la gobernadora María Eugenia Vidal? Está un poquito desestabilizado, pero básicamente la ecuación gubernamental de Cambiemos fue tratar de reproducir el mismo pacto que venía desarrollando (Daniel) Scioli. Con la diferencia de que no ha logrado la estabilización que sí había logrado el sciolismo desde la época de (Ricardo) Casal a través de la conducción de (Hugo) Matzkin.

¿Por qué ahora no está logrado?
Creo que porque lo que hizo (Cristian) Ritondo fue acordar con el curandero más grande de la seguridad pública en Argentina, que es Alejandro Granados, la continuidad del esquema de gestión del doble pacto en la Provincia de Buenos Aires con la misma cúpula policial. Y los sectores del comisariato bonaerense que no formaban parte de esa estructura de alta gerencia policial comenzaron a golpear fuertemente para poder entrar ellos al acuerdo. Entre otras cosas, alentaron una inflación enorme criminal. Los secuestros se explican por eso. No hay secuestros en la provincia que no estén fogoneados por sectores policiales, hasta el día de hoy. Ahí se abrió una interna policial feroz, que no es una interna para ver cómo se gestiona mejor la seguridad pública para los bonaerenses, sino que es una lucha de factores de poder por la apropiación del botín de la recaudación ilegal de fondos, que es millonaria en la provincia.

Pasando a otras policías, ¿cómo analiza el proceso entre la Federal y la Metropolitana en la Ciudad?
Cambiemos aceleró rápidamente el traspaso a mi modo de ver porque quería encubrir parte de la transferencia de fondos del Estado federal al Estado capitalino, para poder reducir el rojo de endeudamiento que había dejado Macri en la Ciudad. Al principio cuando se habló del traspaso era una cantidad de dinero que superaba ampliamente lo que gastaba eventualmente los 20 mil policías de la Federal que iban a ser traspasados. Con lo cual creo que fue una maniobra meramente especulativa de caja para poder resolver eso. Como no tienen staff políticos ministeriales capacitados ni en Ciudad ni a nivel federal, ni tenían una estrategia de creación de un sistema policial capitalino en función del traspaso de sectores de la Federal, delegaron en ambas instancias a un núcleo de comisarios de la Federal el diseño y diagramación de ese traspaso. Ese grupo es el comandado por el comisario (Guillermo) Calviño, el jefe soberano de la calle en la Ciudad.

¿Se está haciendo ese traspaso a medida de la Federal?
Totalmente. Como la decisión se la delegaron los dos gobiernos a este grupo de la Federal, lo que está haciendo este grupo es diseñar un traspaso de manera tal que haya una nueva policía en la Ciudad. En realidad todo debería ir a la Metropolitana, que fue creada a través de un acuerdo con el Frente para la Victoria (FpV). ¿Por qué la Federal no quiere ir a la matriz institucional de la Metropolitana y que los casi 20 mil miembros que van a ser objeto de traspaso engrosen las filas de la Metropolitana? Porque el modelo de Policía Metropolitana tiene ciertos rasgos institucionales que ellos no quieren. Conducción civil eventualmente, administración no policial, un instituto de formación y capacitación que depende del Ministerio de Seguridad y no de la Policía. Políticas de género que obligan a cierta estructuración interna con presencia de mujeres en cargos clave, mecanismos y dispositivos de protocolos de actuación en materia policial. Ellos pretenden una policía dura, con facultades discrecionales muy amplias, con la nueva posibilidad de detención de personas por averiguación de identidad que les permite tener el control integral de la calle. No quieren la Policía Metropolitana y además se la quieren comer. Van a un modelo de creación de una nueva policía que tendrá una ley orgánica nueva y se extinguirá a mi modo de ver la Policía Metropolitana.

¿Hay un cambio en relación al uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior?
Habrá que ver. Ellos (Cambiemos) están planteando eso, hay sectores dentro del Gobierno que pretenden eso. Hay ciertos sectores de la embajada norteamericana que están de acuerdo con esa cuestión. Particularmente el grupo militar, la delegación del Comando Sur en la embajada norteamericana, que tiene como objetivo para la región el control del terrorismo y del narcotráfico y es un comando militar conjunto. Con lo cual la interlocución del grupo militar de la embajada con las FFAA lo coloca en sintonía con problemáticas que acá están legalmente prohibidas. En el Ministerio de Defensa están bastante entusiasmados, porque el Ministro no es muy entendido, pero Ángel Tello, que es el viceministro -un dirigente histórico que ocupó ese cargo muchos años bajo la égida de Horacio Jaunarena-, es partidario de la participación de las FFAA en tareas de seguridad interior. Lo que ven difícil, y fundamentalmente porque no pueden resolver el problema interno con la UCR, es la reforma legal. Están ensayando una interpretación de que en realidad las FFAA van a participar de la lucha contra el narcotráfico prestando apoyo logístico, lo cual estaría a tono con la última parte de la ley de seguridad interior que habilita el apoyo logístico. Pero no es cierto. Lo habilita cuando hay una convocatoria del comité de crisis del Consejo Federal de Seguridad Interna y a partir de esa situación se convoca a unidades o servicios que están especificados en la ley para operaciones policiales.

¿Cómo sería esa participación en seguridad interior?
El patrullaje de unidades del Ejército que ellos están planteando –que lo inauguró (César) Milani hace dos o tres años-  es participación operacional directa de las FFAA en tareas de seguridad interior. Ahí hay otro problema que tendrán que resolver: si participan en tareas concretas de patrullamiento y seguridad interior las FFAA van a tener que cumplir ciertos roles policiales que ya dejan de estar regulados por las normas de empeñamiento de  las tareas de defensa nacional y pasan a estar regulados por el código procesal penal. Entonces si tienen algún tipo de evento que los obliga a una intervención inmediata, detención de personas, enfrentamiento armado, ahí corren las reglas del código procesal penal, y el acto de policía tiene que ser asumido por las FFAA, que no están ni capacitadas ni están a tono con ese tipo de tareas. La segunda gran tarea es la investigación de delitos complejos. Tampoco tienen unidades especializadas en esa tarea. Con lo cual la pregunta que yo hago es: ¿a qué se están refiriendo con la participación de las FFAA en tareas de seguridad interior? Ellos deberían contestar. Para ninguna de estas dos cosas las FFAA están capacitadas.

¿Qué rol juegan hoy?
Tenemos un Ejército de papel. Cuyos regimientos no son verdaderamente regimientos, cuyas brigadas no son verdaderamente brigadas, ni en el número de hombres y mujeres ni en el sistema de armas ni en la estructura de despliegue. Con lo cual, están administrativamente como brigadas y como regimientos para que algunos generales puedan ocupar cargos de generales. Cada regimiento tiene un general de brigada, un staff de estado mayor. Milani llevó al ejército de la época de la dictadura más de 50 generales de brigada. Hoy hay una macrocefalia de generales. Hay más generales en Argentina que en el Ejército norteamericano, que tiene presencia mundial. Eso hizo Milani, que fue una desgracia para la Argentina.

En materia de defensa, ¿qué problemas enfrenta la Argentina?
No es cierto que la Argentina no tenga problemas defensivo-militares. A 200-300 kilómetros de la frontera de Formosa hay una base norteamericana operativa militar, la base Estigarribia en Paraguay. Tenés una potencia extranjera que hace operaciones militares a 300 kilómetros de la frontera tuya. Tenés una suerte de ampliación y fortalecimiento de la presencia militar inglesa en Malvinas, que es nuestro territorio. No estoy planteando resolver nada militarmente, pero debería haber un seguimiento de eso. (Edward) Snowden el año pasado dijo que los ingleses interceptaban todas las comunicaciones militares argentinas en función de la problemática de Malvinas. Se viene la renegociación del tratado Antártico, con lo cual los EEUU está bregando por fortalecer la presencia de la OTAN en el Atlántico Sur en función de ese rol estratégico. De ahí viene la posibilidad del establecimiento de una base militar en Ushuaia, con la convalidación del gobierno de Cambiemos.

En relación a la lucha contra el narcotráfico, ¿se le está dando mayor poder de injerencia a la DEA?
No. La DEA (agencia antinarcóticos de los Estados Unidos) nunca se fue de la Argentina. Siempre fue el órgano rector en la política del narcotráfico. Por ahí no tenían la interlocución a nivel ministerial que tienen hoy, el acuerdo a nivel presidencial donde el propio (Barack) Obama y el embajador en la argentina, junto con Macri, han colocado la necesidad de un trabajo conjunto entre el sistema policial federal y la DEA. Pero la DEA maneja las estrategias del sistema federal policial en materia de control de narcotráfico desde hace más de 20 años. Hubo coyunturas ministeriales en argentina, particularmente con Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, donde no tenían convalidación ministerial. Pero siguieron manejando por abajo las relaciones con las policías. La única policía que no trabajaba con la DEA era la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), porque cuando la conformé hubo un acuerdo con Néstor Kirchner de no trabajar con la DEA. Pero lo primero que hizo el nuevo gobierno fue colocar a la DEA adiestrando a la PSA en ciertas tareas preventivas. Estoy seguro que van a hacer lo que me habían pedido en 2005 que era armar una base operacional de la DEA en el Aeropuerto de Ezeiza. Hemos tenido funcionarios políticos al frente de la seguridad pública que pasaban por la embajada norteamericana, a nivel de ministros y secretarios de seguridad, durante toda la década kirchnerista, a pedir instrucciones. Está en WikiLeaks. No veo ninguna ruptura del gobierno de Cambiemos.

«La DEA nunca se fue de la Argentina. Por ahí no tenían la interlocución a nivel ministerial que tienen hoy. Pero la DEA maneja las estrategias del sistema federal policial en materia de control de narcotráfico desde hace más de 20 años».

 

En su último libro analiza el intento de reforma del servicio de inteligencia por parte de CFK (trunco, aclara). ¿Cómo se inscribe la designación de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI como capítulo siguiente a eso? Hay que contextualizar el intento de reforma del año pasado por parte del kirchnerismo. Sino no se interpreta bien la continuidad que le impone al sistema Cambiemos. En primer lugar, lo que intentó CFK a partir de diciembre de 2014 no fue una reforma estructurada sobre la base de la consideración de la necesidad de reformar el sistema de inteligencia para adaptarlo a la democracia, sino que como bien sostuvo sintió que el servicio de inteligencia estatal estaba complotando contra ella. Cuando interpreta que en la antesala de un año electoral, último año de gobierno, tenía dentro del corazón del Poder Ejecutivo un aparato de inteligencia moldeado para hacer espionaje político y manipulación judicial, que complotaba contra ella, decidió descabezar la Secretaría de Inteligencia. Ahí está forzada a hacer un proceso de reforma que ella pretendía, tal como dijo, que no fuese un mero cambio de nombres.

¿Pero no se tradujo en cambios concretos?
El problema es que no había ni tiempo y decidió un equipo de intervención capitaneado por (Oscar) Parrilli que a mi modo de ver –tal como analizo en el libro- no estaba a la altura de las circunstancias. Desconocía lo que pasaba ahí adentro, no eran personas con competencia para poder gestionar el aparato de inteligencia, tuvieron una connivencia a mi modo de ver perniciosa con los espías remanentes después de la depuración. Todo eso hizo que la reforma haya quedado meramente en los papeles.

¿Qué aspectos específicos se buscaba transformar?
El equipo mío entró para diseñar el Decreto 1311/15 (Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional), que por primera vez le da publicidad a lo que es la estructura y el funcionamiento de inteligencia nacional. Durante todo el año pasado no hubo un proceso de reforma, hubo una tentativa meramente formal, que quedó reducida al Decreto 1311. Por primera vez establece la estructura orgánica, los procedimientos y doctrinas de inteligencia, los regímenes profesionales, disciplinarios, los sistemas de control del personal de inteligencia. Todo eso por primera vez en un decreto público, que tenía 400 páginas. Ese decreto pasó desapercibido para el sistema político y para la prensa. Fue publicado el 6 de julio de 2015. No hizo ruido, no tuvo promoción ni publicidad. Como también pasó desapercibida la derogación de ese decreto que hizo Macri hace cuatro meses y que vuelve todo el esquema de inteligencia a ser nuevamente secreto. Tampoco se mosqueó nadie, ni la prensa ni ningún sector político. Lo cual da cuenta que en realidad hay un pacto soterrado, de base, en el sistema político argentino, que compromete a todos los actores partidarios, en donde todos reconocen que aquellos que gobiernan tienen derecho a hacer uso de la secretaría de inteligencia –hoy AFI- como se les plazca.

¿Qué uso le dan quienes gobiernan?
Se consiente que haya espionaje político, manipulación judicial, uso espurio de los fondos reservados para operaciones políticas, o trabajar para organismos internacionales de inteligencia o de seguridad, y las oposiciones en cada una de las coyunturas se comprometen a no controlar eso. Porque la Comisión Bicameral parlamentaria tiene amplias atribuciones y nunca fueron implementadas. Fue creada en 2001 y no se usó nunca. Cuando gobernaba el kirchnerismo la oposición respetó este acuerdo. Patricia Bullrich fue durante dos años presidenta de la comisión: no hizo nada. Silvia Majdalani fue vicepresidenta y tampoco hizo nada. Y el otro día el FpV votó masivamente la aprobación de los pliegos inaceptables de Arribas y Majdalani para que asuman con la aprobación parlamentaria la dirección de la AFI. Algunos pocos legisladores del FpV que se abstuvieron lo hicieron en silencio, con lo cual la sensación que yo tengo es que aquello fue una mera tentativa simbólica. Una mera puesta en escena decorativa que tuvo un reflejo en una norma pero que no tuvo asidero en una práctica institucional concreta.

El intento quedó trunco y la AFI es una vuelta atrás, ¿no hay modo de transformar el servicio de inteligencia en Argentina?
Para mí ese organismo hoy hay que detonarlo. No sirve más la AFI. Queda claro que no se va a constituir desde la AFI un organismo de inteligencia a la altura de lo que el país necesita. Un organismo que produzca conocimientos en materia de los problemas defensivos militares que la Argentina tiene a nivel local y a nivel regional, y al mismo tiempo las complejas problemáticas criminales por las que atraviesa la Argentina en materia de narcotráfico, criminalidad económico-financiera, trata de personas, tráfico de armas, ciber-delito.

¿En los últimos años los servicios de inteligencia no aportaron información sobre esos delitos?
Nada. Hay dos grandes dimensiones para considerar. La primera, que desde hace 20 años la inteligencia estatal cumple cuatro grandes funciones, absolutamente ajenas a las que están asignadas legalmente. Espionaje político, manipulación y manejo de un sector de la justicia federal –fundamentalmente el fuero penal-, servir como una suerte de policía secreta al servicio de jueces y fiscales pero también al servicio del propio poder administrativo (de hecho es lo que han desarrollado en los últimos tiempos), en gran medida con convalidación de jueces y fiscales que ordenan a través de oficios formales a la AFI que desarrolle actividades policiales de asistencia judicial. Y servir fundamentalmente a quienes son un poco los padrinos ideológicos e institucionales internacionales históricamente de la secretaría de inteligencia: la CIA en materia antiterrorista, la DEA en materia de control del narcotráfico. Lo segundo es que, si lo más importante que ha hecho la secretaría de inteligencia en los últimos años es espionaje político, significa que lo mejor que tiene entre sus séquitos es lo que ellos llaman ‘callejeros’, personas que manejan la calle para espiar gente. Pero no tienen bases de datos sistematizadas sobre las problemáticas más serias en seguridad y defensa que padece la Argentina, y no tienen analistas especializados en esas materias. Con lo cual yo diría lo mejor es cerrarlo, porque lo único que van a hacer es un daño. Es una cloaca, es el criptogobierno de todos los gobiernos de turno. Como también lo fue en el gobierno anterior.

¿Lo dice por Stiuso?
Stiuso fue Stiuso porque el kirchnerismo le dio ese lugar. Por otro lado sí sería partidario de fortalecer lo que hoy es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal en el ámbito del Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, para la definición de políticas de defensa. Que no haya más un organismo de inteligencia con rango ministerial a nivel de Presidencia y que sí estén los organismos de inteligencia de cada uno de los ministerios donde se desarrollan políticas públicas concretas en seguridad y defensa.

¿Va a haber alguna propuesta en ese sentido?
La vamos a elaborar, sí.

¿Le preocupa la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad? Nunca hubo una estrategia cierta de profundización de los juicios. Ahora, por supuesto que sí me preocupa. Vuelve a estar todo sostenido en el esfuerzo de los organismos de derechos humanos. Lo más grave de todo esto es que la Justicia Federal es una justicia gubernamental, y hoy hay una clara, manifiesta, abierta intención del gobierno de impedir que avancen los juicios. Con lo cual es muy probable que empiecen a tomarse resoluciones judiciales a tono con este deseo gubernamental. Ahí está el riesgo. No veo otra instancia de resistencia, de presión, para que esto no ocurra que no sea lo que siempre fue igual: los organismos de DDHH y el movimiento de DDHH, con un sector muy minoritario de la sociedad al que estos temas le preocupan mucho.

¿Qué lectura hace de la presencia de Aldo Rico en el desfile del 9 de Julio, de la reivindicación del Operativo Independencia en Tucumán y otras expresiones recientes en esa línea? Eso se inscribe dentro del marco: Macri ideológicamente es afín a los basamentos ideológicos de la dictadura militar. Pero además como lo dijo el Perro (Horacio Verbitsky) el domingo, el grupo económico del Presidente se constituyó como tal y ocupó el lugar dominante que tiene en cierto espectro de negocios con la dictadura. Con lo cual la verdad que él está siendo coherente con eso. No es de esperar otra cosa.

No sorprende…
Para nada. Nos sorprendió mucho más el menemismo que el macrismo: si hacés una lectura histórica, los indultos de Menem para nosotros fueron mucho más agresivos porque venían del peronismo y porque además él había sido una víctima de la dictadura. Ahora hay un tipo cuyo grupo económico se consolidó con ese proceso. Veo menos sorpresa y mucha más coherencia político ideológica en el macrismo que en el menemismo. Con los indultos movilizamos cien mil personas con los organismos a la cabeza. Hoy no pasa nada.

«Macri ideológicamente es afín a los basamentos ideológicos de la dictadura militar. Con lo cual la verdad que él está siendo coherente con eso. No es de esperar otra cosa».

Fuente: Politicaargentina.com