Segmentación de subsidios: casi 6 millones de hogares perderán subsidios
Ya rige el aumento de las tarifas de gas para usuarios de ingresos altos. La aplicación de la segmentación de los subsidios a las tarifas de luz demorará como mínimo diez días más. Dependerá del tiempo que tarden los entes reguladores de cada provincia en dictar las resoluciones con los cuadros finales. Serán 5,9 millones de hogares los que verán el impacto de la quita en las facturas de octubre. Los aumentos promedio en la factura de luz serán de 850 pesos mensuales promedio en el país.
La fecha original autoimpuesta por el gobierno era el primero de septiembre, y el ejecutivo trabajaba a contrarreloj para cumplirlo. Lo hicieron en el caso del gas, pero para la energía eléctrica aguardan la convalidación de los precios por parte de los entes reguladores provinciales. Los aumentos no son retroactivos, por lo tanto comenzarán a regir desde la publicación de los cuadros tarifarios en cada provincia, que estiman que será en diez días.
Uno de los motivos del retraso fue la búsqueda de los beneficiarios de tarifa social que no se habían anotado en el RASE. Para identificarlos, la Secretaría de Energía pidió datos de usuarios a todas las provincias y constató que alrededor de un millón de beneficiarios de tarifa social no se habían anotado para seguir recibiendo los subsidios.
Tras incorporarlos, quedaron clasificados 2,5 millones de hogares en el nivel de ingresos medios y 6,5 millones en el nivel de ingresos bajos. Teniendo en cuenta que el padrón total es de 14,9 millones de hogares, quedarían 5,9 millones en el nivel de ingresos altos. Son casi 6 millones a los que se les quitará gradualmente el subsidio: un 20 por ciento en el primer tramo, un 40 en el segundo y otro 40 por ciento final para terminar en 2023 sin subsidio estatal.
Desde la Secretaría de Energía aseguran que la inscripción al RASE «es una necesidad y no una obligación», y por lo tanto están trabajando con las provincias para llegar a los lugares de menor conectividad y facilitar la información y los medios para que los usuarios puedan decidir si quieren o no anotarse para seguir manteniendo los subsidios. En el caso de que identifiquen algún error de exclusión, el Estado devolverá el dinero correspondiente pero no harán refacturación.
Dentro de ese universo de casi 6 millones, suponen en el gobierno, hay muchos hogares de nivel medio que puede que hayan decidido no anotarse por considerar que el pago de servicios no es tan alto, pero cambien de opinión cuando reciban las facturas con los primeros aumentos. El registro permanecerá abierto y será actualizado «idealmente de manera mensual, aunque tenemos que ver como funciona el intercambio de datos con las provincias», aseguraron desde Energía.
El Registro sufrió también algunas bajas. Desde que el Banco Central de la República Argentina advirtió que aplicaría con los subsidios a la luz y el gas el mismo criterio de restricción que con otros subsidios otorgados por el gobierno para el acceso a la compra de dólar ahorro o solidario (es decir, al tipo de cambio oficial minorista más impuestos de 65%), alrededor de 47.000 personas renunciaron a los subsidios. Prefirieron de este modo tener acceso al cupo de compra de los 200 dólares mensuales.
Impacto en el bolsillo
Los incrementos en las boletas finales de electricidad de los usuarios residenciales promediarán los 850 pesos mensuales. Las fuentes oficiales insisten en no porcentualizar los aumentos ya que el impacto es distinto por provincia. Dado que el precio inicial es más bajo, el impacto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será mayor que en el resto del país.
Como referencia, un usuario residencial R2 que consume hasta 250 Kwh mensuales, un 28 por ciento del patrón del AMBA, pagaba hasta ahora 1600 pesos mensuales en su factura de luz pasará a abonar 2450 pesos si está en el nivel 1, de altos ingresos.
Para los comercios el impacto del aumento- en este caso no por la segmentación, sino por la suba trimestral de los precios estacionales- será entre 26 y 38 por ciento en el AMBA.
Como referencia, una pyme o un comercio con potencia contratada, es decir que cuenta con una cámara de frío como un supermercado, pasará de pagar 276.520 pesos a 381.404 pesos. En el Gobierno interpretan que la suba de tarifas no generará más inflación sino «menos, porque se van a ordenar las cuentas fiscales». Sin embargo, el ahorro fiscal previsto es de 47.500 millones de pesos.