El Gobierno denunció la «persecución judicial» contra Cristina

El presidente Alberto Fernández denunció «persecución judicial» y «búsqueda de proscripción» contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Fue luego de que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua de la expresidenta para ocupar cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta», escribió el mandatario.

Alberto compartió un comunicado elaborado por Presidencia de la Nación y firmado por la portavoz del mandatario donde se expresa: «El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».

Además, agrega: «Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho».

Denuncia que «ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno».

«El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas. Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos», manifiesta. Pone una palabra dura en este párrafo: proscripción.

Y cierra: «Finalmente, el presidente Alberto Fernández desea señalar que, desde lo personal, “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y vuelve a transmitir su más profundo afecto y solidaridad a la Vicepresidenta».

Hoy, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita.

Luciani fue quien pronunció ese pedido en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato final. Hace cuatro semanas, en la primera de ellas, ya habían formulado el pedido de condenas contra los acusados cuando comenzaron la encendida exposición que apuntó, en su mayor parte, a la expresidenta.

Asimismo, esta mañana Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria en la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, momentos antes de conocerse el alegato final de la fiscalía y el pedido de condena en su contra de parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola.

«Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», anunció la exmandataria.

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