Lamentable: Los 1.000 días prófugo de «Pepín» Rodríguez Simón, el operador VIP de Mauricio Macri
Fabián «Pepín» Rodríguez Simón cumple este lunes 1.000 días como prófugo de la Justicia argentina. Operador todoterreno de Mauricio Macri, fue desde abogado en las causas por los Panamá Papers a integrante de la Mesa para apriete de Jueces y Fiscales, una figura clave en la extorsión a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y gestor de maniobras para apuntalar los tarifazos en la era PRO, entre un sinnúmero de tropelías. Fue quien propuso a Macri nombrar a Carlos Rosenkrantz –su amigo- y a Horacio Rosatti en comisión en la Corte Suprema. Huyó a Uruguay cuando era investigado en tribunales por su rol en torno al desguace del Grupo Indalo de medios, sin que pesara sobre él ninguna orden de detención sino simplemente un llamado a indagatoria. Nunca más regresó. Su reacción habla por sí misma.
Diputado del Parlasur, «Pepin» Rodríguez Simón eligió como destino Uruguay, sede de ese parlamento regional. No se oculta. Es más: provocador, incluso concurrió a sesiones del Parlasur donde algunos miembros de su propia bancada plantearon que debía comparecer ante la jueza María Romilda Servini, quien instruye el caso de Indalo. Hábil abogado del establishment, supo exportar sus conexiones a los tribunales uruguayos. Bajo la argucia de solicitar el carácter de refugiado político, el Poder Judicial oriental demoró todo este tiempo en resolver su situación; con el amparo de las derechas del Mercosur mantuvo su placet como legislador pese a que él mismo impulsó que los diputados regionales no tuvieran fueros cuando se trataba de perseguir a Milagro Sala. Ella es presa política hace 2.788 días; él prófugo hace 1.000.
De fuertes vínculos con el Grupo Clarín (llegó a escribir un libro donde aseguraba que la Corte iba a declarar inconstitucional la Ley de Medios Audiovisuales, hoy ubicable en saldos), Rodríguez Simón acompaña a Macri desde su paso por la jefatura de Gobierno porteño y es parte del esquema de fundaciones que revolean dinero del y para el PRO.
El vínculo del prófugo «Pepin» con Macri es total. Fue su abogado, su funcionario y su apoderado a través de un documento donde el ex presidente le otorga un «poder general judicial y para gestiones administrativas». No fue al Cardenal Newman pero si al histórico y elitista Champagnat, promoción 1976. Su llegada al macrismo fue de la mano del actual senador PRO José Torello, jefe de asesores durante la presidencia de Macri, con quien Rodríguez Simón fue socio en el estudio Llerena.
El espejo de Macri
“Yo soy Macri”, le dijo “Pepín” Rodríguez Simón al empresario Cristóbal López en medio del intento de desguace del Grupo Indalo, según declaró uno de los dueños de C5N en sede judicial en noviembre de 2019. El cargo oficial de «Pepin» durante la presidencia de Macri fue director en YPF, pero lo cierto es que atendía en un despacho en la Casa Rosada y tenía a cargo tareas que nada tenían que ver con la petrolera.
Para empezar, fue el ideólogo de la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema. Lo reveló el propio Macri en uno de sus arrumacos televisados con Luis Majul. Rosenkrantz declaró como testigo en la causa que se abrió por la extorsión a los dueños de Indalo y allí hizo referencia a su amistad con Pepín. La recomendación para integrar el Alto Tribunal no había sido azarosa.
Los vínculos judiciales de Rodríguez Simón fueron claves para las gestiones del gobierno de Macri en distintos ámbitos. En la causa por el desguace del Grupo Indalo la jueza Servini ordenó una revisión de las llamadas frecuentes de «Pepín» entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. Cuenta solo por la línea del celular, no por Whatsapp u otra aplicación. Y aún así se la podría catalogar como la “agenda del lawfare”. Tal como informó El Destape, allí aparecieron:
59 llamados con el entonces presidente de la Corte Suprema Rosenkrantz.
38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
17 con el actual presidente de la Corte Rosatti.
162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, también imputado en el caso de la Mesa Judicial.
Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.
Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica.
15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri y también integraba la Mesa Judicial Pro.
23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.
231 llamados con abonados del Grupo Clarín, de los cuales 182 son con el Nº 2 del diario, Ricardo Roa.
129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo, y 3 con Carlos Pagni en fechas clave para la investigación judicial.
Todos estos llamados no se explican por la función institucional de Rodríguez Simón, quien también ingresaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con todo esto, la jueza Servini lo citó a indagatoria el 18 de marzo de 2021. La indagatoria es la primera instancia de defensa de un acusado. Pero ni eso quiso afrontar. Se fugó y pasaron ya 1.000 días desde que cruzó la frontera Argentina.
Operador todoterreno: La presión a jueces y fiscales
¿Qué otras tareas cumplió «Pepín» en la era Macri? Presionar a jueces y fiscales.
Una de las obsesiones tanto de Macri como de Clarín, dos de los vínculos estables de «Pepin», era la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Para Macri por las tarifas y por la histórica oposición de Gils Carbó de que Buenos Aires se convierta en una guarida fiscal; para Clarín por el rol de Gils Carbó en torno a su reestructuración fraudulenta de deuda.
En pos de desplazar a la procuradora, apretaron por todos lados: el fiscal Gabriel De Vedia se reunió con «Pepin» y le preguntó si no se podía terminar la persecución contra Gils Carbó. El operador judicial de Macri le respondió: “Si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba”. Como De Vedia le aclaró que Gils Carbó no iba a renunciar, Rodríguez Simón le advirtió: “Y bueno meteremos presas a las hijas, y a ella”. La reunión fue días antes de que Gils Carbó presentara su renuncia.
A Gils Carbó le armaron una causa judicial por la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación para correrla del cargo. En abril de 2017, la entonces procuradora fue imputada por el fiscal Eduardo Taiano. El 12 de octubre de ese año, el juez Julián Ercolini la procesó por administración fraudulenta. Ese día, el editor de Clarín Ricardo Roa publicó el teléfono de una de las hijas de la procuradora en el diario. Entonces vinieron las amenazas. A los pocos días fue la reunión de De Vedia con Pepín y cuatro días más tarde, Gils Carbó dejó el cargo. «Pepin» y Roa hablaron al menos 182 veces en esos días.
La sombra de Pepín también aparece en las operaciones para que no se frenaran en tribunales los tarifazos dispuestos por su jefe, Mauricio Macri.
En el marco de la causa conocida como Mesa Judicial PRO, la jueza Martina Forns declaró como testigo e indicó, por ejemplo, cómo cambió el criterio de la Corte en esa materia con la llegada del amigo de Pepín al máximo tribunal del país. Forns contó que en un fallo por el tarifazo del gas, “en agosto del año 2016 -antes del ingreso del juez Rosenkrantz- la Corte había dicho en una sentencia (que resolvía el fondo de la cuestión) que las tarifas eran NULAS, dicho de manera sencilla: que tenían serios problemas de legalidad, porque –precisamente- faltaba el espacio democrático de la deliberación y la transparencia que implicaba la celebración de Audiencias Públicas y que eran también nulas por desproporcionadas e irrazonables”.
Con la llegada del ministro supremo propuesto por Rodríguez Simón, la Corte cambió de criterio. Contó Forns en sede judicial: “Pocos días después, en el fallo ‘Abarca’ (sobre tarifas eléctricas), la Corte –ahora con la integración del juez Rosenkrantz- dicta un fallo sorprendente puesto que no fundamenta en esa causa de la misma manera que lo había hecho veinte días antes”. ¿Qué cambió en el medio entre un caso y otro? Tal como enfatiza Forns, la llegada de Rosenkrantz, el amigo de Pepín..
En materia judicial también se conoció la relación de Rodríguez con el juez Martín Irurzun, autor de la doctrina para encarcelar ex funcionarios kirchneristas sin condena. En septiembre de 2018 hubo una reunión entre “Pepín” Rodríguez Simón e Irurzun. La reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.
Todo esto confirma el rol de «Pepin» Rodríguez Simón en la Mesa Judicial macrista, cuyo rol fue denunciado. Esa causa, en la que declararon varios jueces, quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. La designó Macri tras varios paseos de la aspirante a Comodoro Py por la AFI.
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial junto al prófugo «Pepín» Rodríguez Simón? Macri, el exasesor José Torello (socio de «Pepin» en el estudio de abogados); el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de la AFI Gustavo Arribas; Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad; Pablo Clusellas, ex Secretario de Legal y Técnica; Juan Bautista Mahiques, exrepresentante del Ejecutvo en el Consejero de la Magistratura; Bernardo Saravia Frías, último Procurador General del Tesoro de Macri; Daniel Angelici, también operador judicial.
Los vínculos con el gobierno porteño
La relación de Pepín con el macrismo se remonta a 2008. A poco de iniciada la gestión Macri en la ciudad, se incorporó al Ministerio de Espacio Público porteño. Allí participó de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que en los hechos funcionaba como una patota de desalojo violento de personas en situaciones de vulnerabilidad. Pepin fue procesado por su rol en la UCEP en una causa por lesiones a indigentes. No fue su primer procesamiento. En 2009, la Cámara Federal ratificó su procesamiento como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta del banco Medefin.
Desde 2009, Pepin tuvo diversos ingresos de parte de la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño. Ninguno figura en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se trata de pagos directos sin un nombramiento oficial o, al menos, sin publicarlo. Los pagos salieron de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría Legal y Técnica, es decir, del primer anillo de Gobierno, de Macri y Clusellas. Durante varios años se le pagó como asesor sin especificar su función y con un contrato de locación. A partir de 2013, según órdenes de pago a las que accedió El Destape, trabajó específicamente para la Secretaría Legal y Técnica, que comandaba Clusellas, uno de los colaboradores de confianza de Macri que lo acompaña desde la vida empresarial. Según las órdenes de pago, Pepín trabajó para el Programa de Formación de Futuros Funcionarios, por lo que recibió honorarios y viáticos. En 2015, embolsó más de 670.000 pesos.
Tuvo también un contrato por asesorar a la Lotería de la Ciudad en un convenio luego de que fuera el propio Pepín quien estuviera detrás del desguace de la Lotería Nacional. En enero de 2018 “Pepín” Rodriguez Simón fue contratado por 141.609 pesos en la Lotería de la Ciudad (LOTBA). Según el documento al que accedió El Destape, lo nombraron como “Asesor extraescalafonario de Gabinete de Presidencia del Directorio” de LOTBA. El documento lleva la firma de Martín García Santillán, presidente de la Lotería porteña. Tiene fecha del 29 de enero, pero solicita que se de el alta a “Pepín” desde el 1 de enero con una retribución mensual bruta de 14.884 unidades retributivas. Cada unidad eran 9,5142 pesos. Total, 141.609 pesos, por entonces más de 7.000 dólares.. El titular de LOTBA pide que se le de “Muy Urgente Despacho”.
No hubo concurso ni licitación. Se lo eligió directamente para el trabajo. No fue casual. “Pepín” Rodriguez Simón encabezó el reformateo del sistema de Lotería por orden de Macri. En resumen, se traspasó el control del juego a las loterías de la provincia de Buenos Aires y la ciudad, hoy bastiones de Cambiemos. Luego liquidaron Lotería Nacional, con la excusa creada de que se quedó sin funciones. En el macrismo, para cada necesidad hay un decreto. Con el decreto 743/2016 le traspasaron el juego a la ciudad, con el 95/2018 liquidaron Lotería Nacional.
Pedido de extradición y fuga al Uruguay: mil días de impunidad
Con este prontuario a cuestas, ante el primer llamado a indagatoria que tuvo con el cambio de gobierno, Pepín se dio a la fuga. Se pasó toda la gestión de Alberto Fernández escondido en Uruguay.
¿Cómo logró evitar a la Justicia argentina? La historia de su fuga se remonta al 25 de mayo de 2021 cuando la jueza María Romilda Servini mandó un exhorto a Uruguay para que detuvieran a Pepín luego de que se negara a declarar en la causa donde se investiga la persecución al Grupo Indalo. Al día siguiente, Rodríguez Simón se presentó ante la Justicia uruguaya y pidió ser considerado como refugiado. Ante este planteo, la Justicia uruguaya suspendió el trámite de extradición reclamado por Servini hasta que se resolviera el pedido de refugio.
La jueza uruguaya Adriana Chamsarian fue la primera que rechazó el pedido de refugiado del operador judicial de Macri, el 23 de diciembre de 2021. Luego el tribunal de Apelaciones confirmó ese rechazo con las firmas de los jueces Alberto Reyes y Sergio Torres.
El caso de “Pepín” Rodríguez Simón llegó a la Corte uruguaya el 3 de agosto de 2022. El 18 le dieron intervención al fiscal ante la Corte. Luego, el máximo tribunal del Uruguay confirmó que el planteo de “Pepin” era inadmisible. “A juicio de la Suprema Corte de Justicia, pese al gran esfuerzo argumentativo realizado por la Defensa, no cabe duda alguna respecto a que lo resuelto”, decía el fallo del que informó El Destape.
Con esta decisión, en Uruguay se abrió la posibilidad para tratar el pedido de extradición, que estaba suspendido hasta la resolución de la solicitud de refugiado que había hecho Rodríguez Simón. Básicamente, el operador todoterreno de Macri replicó los artilugios legales que utilizaba en la Argentina en los tribunales uruguayos. Así ganó tiempo. Mucho tiempo. Por eso continúa en Uruguay.
La comisión de Juicio Político, por ejemplo, pidió que se ubique a Rodríguez Simón para que declare como testigo en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos en el Congreso y no logró dar con él. Ocurrió el 14 de marzo pasado. Entonces, Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, le pidió a Interpol que “arbitre los medios necesarios para garantizar que el señor Fabián Jorge Rodríguez Simón comparezca como testigo” en el marco del proceso que existe contra los miembros de la Corte Suprema. “Motiva la presente que el señor Fabián Jorge Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la justicia”, agregó Gaillard. La comisión lo convocó porque investigaba si hubo alguna negociación entre el gobierno de Macri y la Corte para lograr el fallo Muiña, que beneficiaba con el 2×1 en el cómputo de las condenas a los genocidas. Diversas notas periodísticas ubicaron a Pepín como uno de los operadores de ese fallo, que tuvo su principal impulso en la vocalía de Rosenkrantz.
La respuesta llegó el 17 de marzo. El Comisario Inspector Gonzalo Fabián Danier, jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal, le informó a Gaillard que sobre “Pepín” Rodríguez Simón “pesa una notificación roja (captura internacional)” informada por Interpol el 8 de junio de 2021, que “fue localizado en la República Oriental del Uruguay, país donde ha realizado una solicitud de refugio a la vez que sus abogados presentaron un ‘habeas corpus preventivo’ para evitar ser detenido por su captura internacional” y que “las autoridades judiciales del vecino país han rechazado dicha condición en dos instancias, restando una última por expedirse”. “Por todo lo expuesto -agregó el comisario Danier- y hasta el momento, personal de Interpol Uruguay se encuentra imposibilitado de concretar su detención con fines de extradición, habida cuenta del pedido de refugio solicitado, hasta tanto la Justicia de ese país resuelva definitivamente su condición”.
Esa imposibilidad sigue vigente, por eso hoy Pepín cumple 1.000 días prófugo. Logró repetir en los tribunales uruguayos las trapisondas que hizo durante el macrismo en las Justicia Argentina.
Fuente: eldestapeweb.com