VIDEO: Las 20 mentiras de la Causa Vialidad: las palabras finales de Cristina Kirchner

El juicio en la causa Vialidad se reanudó esta mañana con las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien habló ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional. En este contexto, la ex presidenta sostuvo que el Tribunal que la juzga es un «pelotón de fusilamiento» y habló de las 20 mentiras que se dijeron para acusarla de hechos «que no solamente eran falsos, sino que no existieron siquiera». 

«He redactado las 20 mentiras de la Causa Vialidad. Este es el aporte que desde mi espacio político hacemos en esta causa que, no tengo ninguna duda, va a ser estudiada como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en Argentina en este período tan nefasto en donde los juzgados se convirtieron en partidos políticos», afirmó Cristina Kirchner en sus últimas palabras antes de darse a conocer el veredicto.

Las 20 mentiras en la Causa Vialidad

1. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria

«La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras», planteó la vicepresidenta en su escrito en el que también admite que «ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición».

2. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y CFK

En el descargo se indica que se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que «el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes».

3. El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto

Se plantea que la Ley del Presupuesto «resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso» y que esto «quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo».

4. Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso

«Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015», aseguró Cristina Kirchner en el escrito y admitió que «se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa».

Además, se indicó, «las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto».

También marcó que «quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular» y destacó que «a diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto».

5. Néstor y Cristina Kirchner aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez

En este sentido, planteó que «todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación, contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos y ampliaron partidas presupuestarias con carácter general».

6. Utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz

«El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales», reconoció la vicepresidenta. 

Asimismo, indicó que «la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación» y que «fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión».

7. CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez

La vicepresidenta marcó que «quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía«. Además, destacó que «el decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa» y que «no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular».

8. Néstor y Cristina Kirchner hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez

En este punto indicó que «la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto». También sostuvo que «todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de Néstor o Cristina Kirchner para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz».

«Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz», marcó la ex mandataria y agregó que «se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía».

9. El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

«Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación», reconoció Cristina Kirchner.

Además, marcó que «la ONP efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación»; que «todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular» y que «no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz».

10. Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)

Para desmentir esta afirmación informaron que «quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas». También la Fiscalía deliberadamente «ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz». 

«El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución», marcó la vicepresidenta y agregó que «las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial».

11. El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas

«La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad», admitió la ex mandataria y, al mismo tiempo, indicó que «las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos» y que «no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)».

12. A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos

Se explicó que «durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales» y que «a finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez».

13. El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez

En este punto se destacó que «la noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015». El 30 de noviembre y en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, «CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país».

Asimismo, marcó que los mensajes extraídos del teléfono de José López demostraban, entre otras cosas, que «López mantenía una relación mucho más que fluida con el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía». «Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani», denunció Cristina

14. Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz

«Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno», indicó la vicepresidenta en su descargo, en el que también marcó que «la simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez».

15. CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez 

Para desmentir esta acusación se resaltó que «pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta».

«La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015», expresó la vicepresidenta y añadió que «todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado».

16. CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN

«No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)», planteó Cristina. A su vez, destacó que «el ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite».

También «se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy» y que «si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba».

17. NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz

La vicepresidenta explicó que «la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país» y que «los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)».

«Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos», afirmó.

18. Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz

Sobre este punto, Cristina Kirchner destacó que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública y que «el Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes».

19. En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios 

«La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación», marcó la vicepresidenta en el escrito en el que también demostró que «el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores» y reconoció que «la única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios».

20. Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron

Según Cristina Kirchner, existen pruebas documentales, testimoniales y periciales que demuestran que «las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto».

Las mismas pruebas demuestran «que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas)» y que «las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado.».

En este punto, la vicepresidenta destacó que «los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT de Jorge Lanata acerca de obras que conducían hacia la nada era falso».

Fuente: eldestapeweb.com