Macri deberá explicar la compra de campos a $1 el metro cuadrado

El Presidente deberá explicar cómo hizo para comprar campos en Pilar a quince pesos el metro cuadrado, y tierras para explotación agrícola en Salta, en la Triple Frontera, a un peso por metro. Y cómo es que tiene solo cien millones de pesos cuando sus empresas anualmente declaran más ganancia que eso en sus balances o su ex mujer Isabel Menditeguy le reclamó hace diez años 25 millones de dólares en el juicio de divorcio.

La declaración jurada de Mauricio Macri no sólo revela un crecimiento patrimonial de 125 por ciento en un año, sino que siembra muchas otras dudas.

El Presidente declara haber comprado casi 50 hectáreas en Pilar, en sociedad con otras tres personas a las que no identifica, por quince pesos el metro cuadrado. Y 450 hectáreas en Salta a un peso el metro cuadrado. Mantiene además tierras en Tandil, a las que vuelve a cambiar el valor asignado en su última DDJJ.

No es, sin embargo, la única incógnita a resolver. También habrá que saber cómo puede ser que toda la fortuna de Mauricio Macri asciende apenas a algo más de cien millones de pesos, cuando esa es la ganancia que marcan sólo algunas de sus empresas. Por qué no declara Galeno o Chery Socma, empresas de su grupo en las que es accionista. O cómo hizo para que su fortuna descienda a diez millones de dólares cuando hace diez años atrás Isabel Menditeguy, quien había sido su pareja, le reclamó veinticinco millones de dólares en el juicio de divorcio. Aquella vez también, se supo algo más sobre la relación entre Macri y su amigo Nicolás Caputo: Menditeguy pidió en el juicio de divorcio parte de la fortuna del empresario porque,dijo, era el “testaferro” de su ex marido.

Este jucio está siendo investigado ahora por la Oficina de Investigaciones Administrativas y el juez Sebastián Cassanello a raiz de las denuncias presentadas por la aparición de las empresas offshores en los Panamá Papers.

La denuncia presentada el lunes en los tribunales federales por Gabriela Cerruti contra Mauricio Macri por “enriquecimiento ilícito” fue entregada ayer a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá hacerse cargo de cotejar la declaración jurada del Presidente, su incremento patrimonial de más de un cien por ciento en un año y la inconsistencia con la información que se dio a conocer con los Panamá Papers.

La presentación ante la Secretaría perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso, cita Ley de Ética tanto de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires – donde ejercía la jefatura de gobierno Macri en el período declarado-, en relación a las pautas a cumplir que están lejos de ser satisfechas por las declaraciones juradas de Macri.

La denuncia original fue radicada el lunes en los tribunales federales donde a través de un sorteo quedó en manos del juez Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita, un viejo conocido del Presidente que trabajó en la dirección de seguridad de Boca durante la gestión del fiscal Carlos Stornelli y que ahora deberá evaluar las pruebas presentadas y decidir si da o no curso a la investigación.

El documento presentado por Cerruti toma los datos de la propia declaración jurada del Presidente y verifica que los ingresos totales – declarados en unos 6.890.707,16 pesos- no explican de ningún modo su extraordinario incremento patrimonial en el mismo período, que fue de 61.034.84 pesos.

La denuncia pide así que se investigue si el crecimiento patrimonial de Macri es acorde a los ingresos legales que declara, “caso contrario, nos encontraríamos ante una clara sospecha de que se ha enriquecido ilegalmente”, se señala en el texto. De esta manera se espera que el fiscal reclame explicaciones urgentes de por qué los números que no cierran, tal como establece el Código Penal para el caso de presunto enriquecimiento de los funcionarios públicos.

Tanto el juez Ramos como el fiscal Pollicita cuentan con larga trayectoria dentro del poder judicial. Y si bien han intentado cultivar el low profile, entre ellos existe un dato llamativo: Pollicita fue muy amigo del fallecido fiscal Nisman y fue además quien decidió imputar a Cristina Fernández por la denuncia del fiscal fallecido.

Ramos, según se dice en los pasillos, es íntimo de Daniel Rafecas, el magistrado que decidió desestimar el pedido de esa misma imputación.

Por su parte, tras la repercusión de la denuncia de Cerruti, desde el gobierno dejaron filtrar sus versiones: justificaron la repentina aparición de 18 millones de pesos en Las Bahamas alegando que ese dinero ya existía en una cuenta de Suiza, pero que como el banco había cambiado su domicilio ahora figuraba en las Islas.

Del mismo modo, aclararon que la diferencia millonaria se debía a la “valuación” de acciones que tiene el Presidente en distintas empresas, pero lo que no explicaron es por qué eso no se encuentra justificado en la declaración jurada, que es en donde debe presentarse el patrimonio. Allí, en el punto 9 de su declaración jurada en el apartado “Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año” la diferencia entre los bienes valuados a principio y a fin de año es “cero”.

Otra de las explicaciones de los funcionarios PRO es que hay una incompatibilidad entre los formularios en donde se vuelcan los datos, pero lo cierto es que todas las declaraciones juradas de Mauricio Macri están hoy paseando por los pasillos de tribunales en más de una causa.

Lo que tampoco pudieron explicar desde el gobierno son las evidencias – a investigar- de que el patrimonio del Presidente es aún mayor que el que actualiza la nueva declaración jurada.

La demanda presentada en la Oficina Anticorrupción adjunta, al igual que la presentada ante la justifia federal, una nota en donde se informa que en febrero Macri cedió el 5,33% de sus acciones de Yacylec S.A. a SIDECO S.A., el holding de su familia. Pero según la declaración jurada al 31 de diciembre de 2015 Macri sólo contaba con una participación del 0,01% en la empresa Yacylec, un porcentaje bastante menor al que luego transfiere. Nadie sabe en qué momento se incrementó: “Esto nos indica, con un único ejemplo, que el enriquecimiento ilícito de casi 60 millones de pesos que evidencia la Declaración del Presidente, es aún mayor a esos 60 millones, ya que al cierre del año 2015 poseía una cantidad de acciones de Yacilec S. A. mucho mayor a la consignada”, dice el informe.

La ex legisladora Cerruti no descarta ampliar su denuncia, ya que le adjudica los delitos de falsificación de documento público y negocios incompatibles con la función pública.

Con estos argumentos en debate y las pruebas a la vista, ahora es la justicia quien deberá determinar qué tan claras son las cuentas del Presidente.

Fuente: Nuestras Voces